La Biología considera la célula como unidad fundamental de la estructura y función de los seres vivos, razón por la que la Taxonomía linneana excluye las entidades biológicas acelulares: los virus. Sin embargo, aunque sea al amparo de una relación de parasitismo con las células, los virus realizan las funciones vitales de interacción y reproducción. Y es que, a pesar de lo que está sucediendo, no podemos -ni debemos- olvidar que los virus dominan nuestro plantea, en número y diversidad; y que sin ellos resulta inconcebible la evolución de las especies y, por consiguiente, nuestra propia existencia.

Estos últimos años empezábamos a comprender los desequilibrios que provoca esa tendencia de los mercados y las empresas a extenderse hasta alcanzar una dimensión mundial. Quizás el virus SARS-COV-2 se lleve el mérito de salvar nuestro planeta –si no él, otro que le suceda-, y no precisamente poniendo en jaque a nuestra especie, sino obligándonos a cambiar ese modelo económico por otro más sostenible, tanto para nosotros como para La Tierra.

Estos días se agudizan nuestros sentidos y aprendemos el arte de la observación; podemos hacer urbanismo con más claridad. A pesar de su etimología, el urbanismo ha dejado de limitarse a lo que es propio de la ciudad. El profesor Tomás Ramón Fernández nos enseña como ahora el urbanismo es una perspectiva global e integradora de todo lo que se refiere a la relación del hombre con el medio en que se desenvuelve y que hace de la tierra, del suelo, su eje operativo. 

El Tribunal Constitucional define el urbanismo como la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico; y lo hace en su ya célebre sentencia de 20 de marzo 1997. En esta resolución quedó muy claro que, conforme a los artículos 148 y 149 de nuestra Carta Magna, las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva para la ordenación del territorio y el urbanismo; una competencia que comprende el planeamiento, la ejecución, la gestión y la disciplina urbanísticas. De este modo, el Estado carece de competencia alguna en estas materias, ni siquiera para dictar normas supletorias ni refundir la legislación preconstitucional. 

La relación entre la planificación económica y la física debe trascender de las ciudades. El capital tiende a concentrar a la población, provocando una progresiva desertización demográfica en el resto territorio.  Su límite crítico aflora cuando el urbanismo es incapaz de hacer sostenible una gran ciudad. La sociedad fracasa cuando encaja una permanente e inexorable saturación en su infraestructura viaria; cuando normaliza sus desplazamientos en el subsuelo y asume la respiración de niveles intolerables de dióxido de nitrógeno; cuando tiene que contratar préstamos para adquirir su vivienda en que el período de amortización coincide con el vital; o cuando se medica para soportar las inmisiones en las colmenas. 

La extraordinaria reproducción del virus SARS-COV-2 en ciertas ciudades es un testigo más del límite crítico. El 19 de abril de 2020 se habían registrado cerca de doscientos mil casos de COVID-19 en España; casi la mitad estaban concentrados en nuestras dos grandes urbes, esto es, en una superficie que representa el 0,13% del territorio nacional.  

Acaso el Estado se vea abocado a asumir ciertas competencias de ordenación territorial a nivel nacional para garantizar la continuidad y efectividad de ciertos derechos y libertades; pero, sobre todo, para alcanzar y mantener lo que realmente asegura nuestra perpetuidad: el frágil equilibrio que nos dio la vida, del que nunca debimos apartarnos.

Hay poderosas herramientas para revertir la despoblación: la reforestación nos devolverá la lluvia, nos permitirá prescindir de la climatización artificial, optimizará las condiciones laborales del sector primario y ensalzará la belleza plural y única de la gran Iberia y el resto de nuestro país; las ciudades olvidadas son una segunda oportunidad para aplicar el crecimiento sostenible y redefinir el Estado del Bienestar, erigiéndose como los nuevos referentes; la diversificación de los sectores de producción fortalecerá nuestra Nación, incentivará el conocimiento y, sobre todo, dignificará y rentabilizará a la gran olvidada Generación X.